El 1 de enero de 2026 entró en vigor la Ley 11/2025, de 29 de diciembre, de medidas en materia de vivienda y urbanismo, que introduce cambios significativos en el régimen del alquiler en Cataluña.

La Generalitat justifica la reforma por la gran problemática del acceso a la vivienda, considerado un derecho fundamental.

La reforma planteada es exhaustiva, pero cabe destacar por la afectación directa a los propietarios , el encaje de los arrendamientos temporales en el marco del alquiler de vivienda y los mecanismos de control establecidos para dar cumplimiento a las medidas establecidas.

La reforma posibilita que el planeamiento urbanístico garantice el predominio del uso de vivienda como residencia habitual, pudiendo establecerse la compatibilidad o prohibición de los demás tipos residenciales, de acuerdo con los principios de desarrollo territorial y urbano sostenible y de garantía y promoción del derecho a la vivienda.

En este artículo analizamos las principales novedades que introduce esta ley y sus implicaciones prácticas.

 

Blindaje de la vivienda permanente

El nuevo artículo 37 bis supone un cambio importante en la gestión del suelo y la vivienda. El objetivo principal es evitar que el uso turístico o de temporada desplace a los residentes locales.

En ciudades con mucha presión (como Barcelona o zonas de costa), el urbanismo ahora tiene la obligación legal de priorizar la residencia habitual frente al uso temporal o vacacional.

Los ayuntamientos podrán prohibir específicamente otros usos (como apartamentos turísticos) en ciertas zonas si consideran que ponen en riesgo el derecho a la vivienda de los vecinos.

El derecho de uso residencial habitual se protege frente a cualquier futura modificación que intentara favorecer usos más lucrativos, pero menos sociales.

En resumen, se eleva la vivienda habitual a una categoría protegida por encima de otros intereses económicos, vinculándola directamente con el desarrollo sostenible de los municipios.

 

Nuevos requisitos para los contratos temporales.

La Ley 11/2025 establece que un arrendamiento de temporada es aquel que cubre la satisfacción de la necesidad de vivienda de las personas con carácter transitorio.

A título de ejemplo: contratos establecidos con profesionales o para fines laborales; contratos que cubren una estancia para estudios; contratos para dar servicio a la atención o asistencia médica; contratos que se formalizan para situaciones provisionales (espera de entrega de vivienda, regreso a residencia habitual).

En el caso de los alquileres temporales , la ley obliga a justificar y acreditar la temporalidad y aquí la reforma introduce nuevos requisitos. La justificación debe:

• Constar expresamente en el contrato.
• Acreditarse mediante documentación específica (certificado de empresa, matrícula universitaria, informe médico, etc.)
• Depositar junto con la fianza en el registro correspondiente la documentación que acredite la causa de la temporalidad del contrato.

En el caso de no poder justificar debidamente la temporalidad el contrato podrá ser considerado como un arrendamiento de vivienda habitual, con aplicación del régimen previsto para este tipo de contratos en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que la duración del contrato de arrendamiento puede ser la que acuerden libremente las partes. No obstante, cuando esta duración sea inferior a cinco años —o inferior a siete años si el arrendador es una persona jurídica—, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta alcanzar dicha duración mínima, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con al menos treinta días de antelación a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, su voluntad de no renovarlo. Así lo establece el artículo 10.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

 

Aplicación de límites de renta en Zonas Tensionadas para los contratos temporales

Una de las novedades más significativas es que los arrendamientos temporales (excepto los vacacionales, esto es, con finalidad exclusivamente recreativa, de vacaciones o de ocio) quedan sujetos a las mismas normas que los arrendamientos de vivienda habitual en cuanto a:

• Determinación de la renta inicial
• Actualización de la renta
• Elevación de la renta por mejoras
• Fianza y garantías adicionales
• Asunción de gastos generales y servicios individuales

En la práctica, esto supone que también debe aplicarse el Índice de precios de referencia del alquiler, que sirve como criterio para determinar la renta máxima aplicable en estas zonas.

 

Nuevos controles para evitar el encadenamiento de contratos temporales

Nos encontramos ante dos supuestos:

• Si el contrato temporal se prorroga el arrendatario debe acreditar que la causa temporal persiste, y que el arrendatario mantiene su residencia habitual en otro lugar.

Si no puede acreditarlo, el contrato se convertirá automáticamente en arrendamiento de vivienda habitual desde la fecha del contrato inicial, con aplicación del plazo antes indicado de 5 o 7 años, y el sistema de prórrogas correspondientes.

• Si, una vez finalizado el contrato temporal, se firma uno nuevo entre las mismas partes y para la misma vivienda, este nuevo contrato quedará sometido al régimen de arrendamiento de vivienda permanente, salvo que se acredite debidamente la persistencia de las circunstancias que justificaban la necesidad temporal. Esta medida busca impedir la práctica de renovar contratos temporales indefinidamente sin causa real.

 

Nueva regulación del alquiler de habitaciones

La Ley 11/2025 introduce por primera vez una regulación específica del arrendamiento de habitaciones en Cataluña.

Requisitos del contrato de alquiler habitacional:

• El uso exclusivo de una habitación en la vivienda.
• El derecho a utilizar otras estancias o espacios de uso común.
• A cambio de un precio.
• Requisitos de habitabilidad.
• Los arrendamientos de habitaciones deben cumplir con las condiciones de habitabilidad establecidas por la normativa sectorial, en particular:
• Estándares de superficie mínima por persona.
• Umbral máximo de ocupación.
• Requisitos reflejados en la cédula de habitabilidad.

 En las zonas consideradas tensionadas en el caso de coexistir de forma simultánea en la misma vivienda varios contratos de arrendamiento vigentes la suma de todas las rentas pactadas no puede superar la renta máxima que resultaría aplicable si la vivienda se arrendara de forma unitaria.

Esta norma evita que se fragmente el alquiler de una vivienda para eludir los topes de renta establecidos.

 

Modificaciones para los grandes tenedores

A partir de la reforma introducida, en las transmisiones de cualquier vivienda en zonas declaradas de mercado residencial tensionado la Generalitat tendrá el derecho preferente de tanteo y retracto cuando la vivienda sea propiedad de un gran tenedor persona jurídica inscrito.

Se establecen excepciones y límites:

• Quedan excluidas las transmisiones de viviendas de nueva construcción o gran rehabilitación realizadas dentro del año siguiente a la obtención de la cédula de habitabilidad.
• Primeras transmisiones de obra nueva entre sociedades del mismo grupo que tengan el mismo objeto social o actividad inmobiliaria similar.

Las viviendas adquiridas por la Generalitat deberán calificarse de forma permanente como viviendas de protección oficial de régimen general.

 

Se crea el Registro de grandes tenedores de vivienda

La ley crea el Registro de Grandes Tenedores de Vivienda, de carácter obligatorio para quienes cumplan los requisitos establecidos. Se establece un régimen transitorio mientas no entre en vigor la normativa que regule el Registro.

De tal manera que, las personas jurídicas que quieran transmitir viviendas situadas en una zona residencial tensionada deberán declarar si son grandes tenedores.

En el caso de declarar que no es gran tenedor, es obligatorio aportar un certificado registral que acredite el número de viviendas de la propiedad en el momento de otorgar la escritura de compraventa.

 

Creación de la comisión de supervisión de contratos de arrendamiento

Se crea la Comisión de Supervisión de Contratos de Arrendamiento de Vivienda, cuyas funciones principales son:

• Supervisión del mercado del alquiler.
• Control especial de plataformas digitales de intermediación.
• Vigilancia del cumplimiento de la normativa.

 

Creación y regulación de los Inspectores de vivienda

Se modifica el artículo 108 de la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda el cual define las facultades y el estatus de los inspectores de vivienda.

Los puntos clave de la nueva redacción:

• Agentes de la autoridad: El personal de inspección tiene esta consideración oficial. Esto implica que cualquier resistencia o atentado contra ellos (físico o verbal) comporta responsabilidad penal o administrativa.
• Presunción de certeza: Los hechos que estos inspectores anoten en sus actas se consideran ciertos (tienen valor probatorio), salvo que se demuestre lo contrario.
• Capacidad de actuación: Pueden realizar todas las gestiones necesarias para comprobar si se están cometiendo infracciones de la Ley de la vivienda.
• Se deben identificar antes de actuar (excepto si hacerlo hace fracasar la inspección) y pueden pedir ayuda a la policía u otras autoridades si lo necesitan. ¿Qué implica esta normativa en la práctica?

 

Conclusión

La Ley 11/2025 supone una transformación relevante en la regulación del mercado del alquiler en Cataluña. Esta normativa define con mayor precisión el concepto de arrendamiento temporal, establece la obligación de aportar documentación acreditativa, amplía los límites de renta a los contratos temporales en zonas tensionadas y refuerza los mecanismos de supervisión sobre los grandes tenedores.

Su aplicación práctica implicará una adaptación considerable por parte de propietarios, inquilinos y profesionales del sector, especialmente en lo referente a la justificación documental de la temporalidad y al cumplimiento de los límites de renta establecidos.

La eficacia de estas medidas dependerá en gran medida de la claridad en su interpretación y de la solidez de los mecanismos de control que se implementen para asegurar su cumplimiento.

El pasado 31 de julio entró en vigor el Real Decreto-Ley 9/2025, de 29 de julio, por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado. Mediante el nuevo Real Decreto se amplía en tres semanas, de 16 a 19, el permiso por nacimiento y cuidado del menor para cada progenitor y en 32 semanas para familias monoparentales y monoparentales femeninas. Esta norma modifica a su vez Ley del Estatuto de los Trabajadores, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Con la ampliación del permiso de nacimiento y cuidados en tres semanas, dos de ellas flexibles hasta que el menor cumpla ocho años, se completa íntegramente la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, al tiempo que consolida el nuevo marco de cuidado corresponsable que el Estado español comenzó a trazar cuando el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, estableció las bases para un nuevo permiso de nacimiento en España cuantitativamente igual para ambos progenitores.

La forma en que se configura en el presente real decreto-ley la retribución del permiso parental es una manifestación de corresponsabilidad social.

 

¿Qué es el permiso por nacimiento y cuidado de menor?

El permiso por nacimiento y cuidado de menor es un derecho individual de la persona trabajadora y no transferible al otro progenitor. Sustituyó en el año 2021 a las antiguas prestaciones de maternidad y paternidad y las equiparó.

¿Cómo ha evolucionado este derecho?

En 2019, el Ejecutivo aprobó medidas para favorecer la igualdad en el ámbito laboral y garantizar el derecho a la conciliación y la corresponsabilidad, entre las que figura la progresiva equiparación de los permisos de madres y padres en base a tres principios: igualdad, transferibilidad y remuneración al cien por cien. Ese año, el permiso de paternidad pasó de cinco a ocho semanas, y en el año 2020 a doce.

En 2021 entró en vigor la equiparación total para ambos progenitores y el permiso se amplió a dieciseis semanas, seis de las cuales deben disfrutarse inmediatamente después del parto o resolución judicial o administrativa en los casos de adopción, guarda o acogimiento.

En 2025, el Gobierno completa la transposición de una directiva comunitaria mediante un Real Decreto-Ley que amplía el permiso a diecinueve semanas (treinta y dos en el caso de las familias monoparentales). Con esta ampliación, España se ha convertido en un referente internacional en políticas de conciliación, corresponsabilidad e igualdad y se alinea con los países europeos con permisos más largos y flexibles.

¿Quién puede acogerse a la ampliación del permiso?

Pueden acogerse a este permiso los trabajadores asalariados, autónomos o empleados públicos que se encuentren en situación de alta o asimilada al alta, tengan cubierto un periodo mínimo de cotización, y cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto de 2024. Las dos semanas adicionales de cuidado podrán solicitarse a partir del 1 de enero de 2026.

¿Cómo se puede distribuir el permiso por nacimiento y cuidado del menor?

El nacimiento, que comprende el parto y el cuidado de menor, suspenderá el contrato de trabajo de la madre biológica y el del otro progenitor durante 19 semanas o 32 en el caso de existir una única persona progenitora. El permiso se distribuye de la siguiente forma:

• Diecisiete semanas (28 en el caso de las familias monoparentales o monoparentales) hasta que el bebé cumpla un año: Las seis primeras semanas se disfrutan de forma obligatoria e ininterrumpida a jornada completa inmediatamente después del nacimiento del bebé o, en el caso de adopción, guarda o acogimiento familiar a partir de la resolución judicial o administrativa. La madre biológica puede anticipar el descanso hasta las cuatro semanas previas a la fecha prevista para el parto. Las once semanas restantes (22 en el caso de monoparentalidad o monoparentalidad femenina) se pueden disfrutar en periodos semanales seguidos o interrumpidos, en régimen de jornada completa o parcial, previo acuerdo entre la empresa y el trabajador, hasta que se cumplan 12 meses del nacimiento del bebé.
• Dos semanas adicionales (cuatro en el caso de monoparentales o monoparentales): Se distribuyen de forma flexible hasta que el menor cumpla los 8 años. En supuestos de nacimiento o adopción múltiple o discapacidad, el permiso se amplía una semana más para cada progenitor.

En efecto, el coste del nuevo permiso es asumido por la sociedad por medio de la ampliación de la prestación por nacimiento y cuidado de menor de la Seguridad Social, manteniendo una tasa de reemplazo de renta del cien por cien para ambos progenitores.

La percepción del cien por cien de la base reguladora es un elemento de gran relevancia para la promoción del reparto de responsabilidades, como evidencia la alta participación masculina, en comparación con otros países, del permiso de nacimiento español. La ampliación del permiso de nacimiento a diecinueve semanas que opera el presente real decreto-ley tiene una trascendencia especial porque no solo sirve para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, mediante la cláusula pasarela, sino porque, además, alcanza la previsión contenida en la Recomendación sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 191), cuando sugiere que los Estados debieran extender la duración del permiso de maternidad a dieciocho semanas.

 La ampliación a diecinueve semanas del permiso de nacimiento en España supera la recomendación de la OIT y permite que nuestro país se alinee con los estados europeos con permisos de maternidad más largos y flexibles.

El delito de coacciones y el corte de suministros.

Una de las mayores preocupaciones de los propietarios de una vivienda vacía es que le “okupen” el inmueble, y a partir de aquí, la obligación de seguir pagando los suministros básicos a los okupas (agua, gas, luz, etc.). Hasta fecha reciente, el titular que dejaba de pagar los suministros básicos en el momento en el que otra persona allanaba un inmueble incurría en un delito de coacciones. Este era el criterio mantenido hasta fecha reciente por nuestros Tribunales de Justicia. Los propietarios de viviendas “okupadas” se encontraban pues en una situación profundamente injusta. Aunque su propiedad había sido usurpada, no podían cortar los suministros sin arriesgarse a una denuncia penal por coacciones.

Y lo más paradójico: debían seguir pagando los recibos de agua, luz o gas, con el riesgo de que el impago generara deudas o afectara al suministro del inmueble una vez recuperado. En otras palabras, el sistema protegía al okupa y dejaba al propietario indefenso, cargando con gastos de los que no se beneficiaba y sin herramientas reales para recuperar su vivienda.

Conscientes del claro desequilibrio y desprotección en el que se encontraba el propietario los jueces miembros de la Audiencia Provincial de Barcelona, con la premisa de que se debían unificar criterios en algunas cuestiones penales, en las que estaban incluidos los criterios de actuación para las ocupaciones de vivienda, la usurpación y el allanamiento de morada, los magistrados de la Audiencia de Barcelona han unificado criterios de actuación en relación con las ocupaciones de vivienda (usurpación y allanamiento de morada).

Dos resoluciones han propiciado este cambio de criterio:

• Resolución de la Audiencia Provincial de Girona (noviembre 2024): “El corte de suministros de una finca ocupada ilegalmente en ningún caso puede ser considerado delito de coacciones”.
• Resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona (marzo 2025): “El titular de una finca ocupada no tiene obligación de mantener el alta de los suministros ni de pagar los mismos”.

Con estas resoluciones se consolida el nuevo criterio: según algunos tribunales el corte de suministros en inmuebles ocupados sin ningún título legítimo no constituye un delito penal, siempre que se realice sin violencia y a través de los canales legales (compañías suministradoras).

El acuerdo subraya que, al menos en la provincia de Barcelona, si el propietario de un inmueble ocupado corta los suministros básicos de la vivienda (agua, luz, gas) no estará cometiendo un delito de coacciones, siempre que los ocupantes no tengan ningún derecho legítimo sobre la vivienda.

 

¿Esta “despenalización sirve para todos los casos”

Es importante señalar que esta protección solo se aplica a ocupaciones ilegales puras: aquellos casos en los que los ocupantes nunca han tenido ningún contrato, título o autorización para residir en la vivienda. En cambio, no se aplica a los llamados “inquiokupas”: inquilinos que accedieron legalmente mediante contrato de alquiler pero que han dejado de pagar. En estos casos, el procedimiento correcto sigue siendo el desahucio judicial por impago. Cortar los suministros en estos casos sí puede ser constitutivo de delito.

 

¿Cómo debemos actuar?

Aunque la nueva doctrina es favorable, no vale todo. Es esencial actuar con prudencia:

• No cortar físicamente los suministros manipulando contadores, válvulas o instalaciones. Esto sí puede constituir coacción o incluso daños.
• El cauce idóneo pasa por solicitar la baja de los suministros a través de las compañías correspondientes acreditando que la vivienda es objeto de ocupación ilegal.

 

¿Se aplicará esta doctrina en toda España?

De momento, este criterio sólo ha sido aplicado en Cataluña. Sin embargo, es muy probable que otras Audiencias del país adopten posturas similares, y que el Tribunal Supremo termine unificando doctrina a nivel nacional. Muchos jueces ya han expresado su preocupación por el desequilibrio legal que sufrían los propietarios, por lo que esta línea jurisprudencial podría extenderse rápidamente.

En conclusión, si bien es una victoria parcial, es muy significativa, pues, aunque la ocupación ilegal sigue siendo un fenómeno complejo y difícil de erradicar, esta nueva doctrina supone una herramienta legal clave para los propietarios. Los propietarios dejan de estar penalmente expuestos si cortan los suministros legalmente,  propiciando aliviar la carga económica generada y al mismo tiempo recuperan un mínimo control sobre su propiedad. Está claro que estas actuaciones no sustituyen a los procesos judiciales necesarios para recuperar el inmueble, pero marcan un antes y un después en la forma de enfrentarse a este problema.

Una buena noticia que devuelve algo de justicia y sentido común al sistema legal.

El Código Civil define el testamento en su artículo 667 como: «El acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos». El testamento no es un acto, sino un negocio jurídico, integrado por una declaración de voluntad cuyo efecto es coincidente con aquella declaración. Resalta la naturaleza imperativa, en el sentido de que el testador no ruega o aconseja, sino que ordena o manda lo que quiere que se haga, a fin de producir sus efectos después de su muerte.

El testamento es la herramienta que el ordenamiento jurídico facilita al testador para garantizar que sus bienes se repartan conforme a su voluntad tras su fallecimiento.

Quizás una forma poco conocida de testamento sea el ológrafo. El artículo 678 del Código Civil indica que se llama ológrafo al testamento escrito por el mismo testador y en la forma y con los requisitos que la legislación determina.

El testamento ológrafo no se encuentra regulado en todas las legislaciones forales y en las que sí se encuentra presenta diferencias interesantes y notorias. En Cataluña, su regulación se encuentra en el Libro IV del Código Civil de Cataluña, en los artículos 421-17 y siguientes y presenta diferencias notorias versus el Derecho Común.

En Cataluña solo se reconocen dos tipos de testamento, el notarial y el ológrafo, quedando suprimidos los testamentos otorgados ante testigos que sí se contemplan en el Código Civil como son,

• el testamento ante peligro inminente de muerte que puede otorgarse ante cinco testigos idóneos
• o en caso de epidemia que puede otorgarse ante tres testigos mayores de edad.

Otra diferencia es que en la legislación española común solo pueden otorgar testamento los mayores de edad mientras que en Cataluña puede otorgar testamento ológrafo el menor emancipado.

El testamento ológrafo destaca por su sencillez y facilidad de ejecución, pero también presenta ciertos requisitos y riesgos que deben tenerse en cuenta.

 

¿Qué es el Testamento Ológrafo?

El testamento ológrafo es aquel que el testador redacta de su puño y letra, sin necesidad de que intervenga un notario en el momento de creación.

 

¿Cuáles son sus características?

Para que el testamento ológrafo sea válido es preciso:

• Que esté escrito por el testador de manera autógrafa.
• Debe esté firmado por el testador en todas sus hojas.
• Debe constar el lugar y fecha de su otorgamiento.
• Si contiene palabras tachadas, enmendadas, añadidas o entre líneas, el otorgante debe salvarlos con su firma.

Frente a otras formas testamentarias no se requiere la presencia de testigos ni la intervención de un notario en el momento de su redacción, lo que lo convierte en una opción accesible y rápida. Lo puede realizar cualquier persona en cualquier momento y no sólo no requiere que se redacte con lenguaje técnico si no que cuánto más claro sea el lenguaje empleado, más fácil será después interpretar la voluntad del testador.

 

¿Cuáles son las ventajas del testamento ológrafo?

A diferencia de otras formas testamentarias, podríamos decir que las ventajas del testamento ológrafo son:

1. Simplicidad y rapidez: No requiere trámites notariales para su redacción.
2. Practicidad: no necesita ayuda de nadie.
3. Ahorro económico: no genera gasto alguno en el momento de su otorgamiento (cuando implica algún gasto el testador ya ha fallecido).
4. Privacidad: El testador puede redactarlo sin que terceros conozcan su contenido.
5. Flexibilidad: Se puede modificar en cualquier momento, simplemente redactando un nuevo testamento que deje sin efecto el anterior.

 

¿Cuáles son sus inconvenientes?

Pese a sus ventajas, el testamento ológrafo también presenta inconvenientes y riesgos que deben ser valorados:

1. Posibilidad de extravío o destrucción: Al no estar registrado, puede perderse o ser destruido por alguien con interés en que no se cumpla.
2. Dificultad en la interpretación: Si el lenguaje es ambiguo o poco claro, podría generar disputas entre los herederos.
3. Mayor posibilidad de que el testador consigne de forma errónea su voluntad y que algunas disposiciones puedan incurrir en causas de nulidad.
4. Falsificación o impugnación: Al no contar con un notario que valide su autenticidad en el momento de su redacción, es susceptible de ser impugnado.
5. Necesidad de adveración y protocolización tras el fallecimiento: Para que tenga validez legal, el testamento ológrafo debe ser protocolizado por notario para ser elevado a público y producir efectos, siendo hasta el momento un mero documento privado.

 

Procedimientos a seguir tras el fallecimiento del testador.

Una vez fallecido el testador, cualquier persona con interés legítimo (herederos, legatarios, albaceas) debe presentar el testamento ante un notario para su adveración y protocolización. El notario seguirá los siguientes pasos:

1. Verificación de la autenticidad: Se analizará la letra y firma del testador, para lo cual podrán requerirse peritajes caligráficos.
2. Cotejo con documentos previos: Si existieran otros testamentos anteriores, se comprobará si el ológrafo los revoca o contradice.
3. Inscripción en el Registro de Actos de Última Voluntad: Una vez validado, el testamento se inscribe oficialmente y surte plenos efectos legales.

Si el testamento ológrafo no es presentado dentro del plazo de cuatro años, caduca y se tendrá por inexistente, aplicándose la sucesión intestada.

 

Recomendaciones finales

• Guardar el testamento en un lugar seguro y notificar a un familiar o persona de confianza sobre su existencia.
• Evitar ambigüedades y expresiones confusas para minimizar el riesgo de disputas.
• Considerar la opción de registrar un testamento ante notario para evitar problemas de autenticidad y garantizar su cumplimiento.

Concluimos que el testamento ológrafo en Cataluña es una alternativa válida, rápida y económica para disponer del patrimonio tras el fallecimiento. Sin embargo, también conlleva ciertos riesgos que pueden hacer que su validez sea cuestionada o que termine siendo inaplicable. Para garantizar que la voluntad del testador se cumpla sin inconvenientes, es fundamental cumplir con todos los requisitos legales y considerar la posibilidad de otorgar un testamento notarial, que ofrece mayor seguridad jurídica.

Le recordamos que en Domenech Delsors contamos con un área jurídica experta en Derecho de Familia y Sucesiones, dedicada a ofrecerle un asesoramiento integral y personalizado en cada etapa de su vida personal y patrimonial. Puede consultar todos nuestros artículos sobre esta materia en nuestra sección dedicada.

 

Ley Orgánica 1/2025 de Medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia

En los últimos días, numerosos medios se han hecho eco de la avalancha de demandas presentadas en los juzgados civiles para evitar los nuevos requisitos procesales que, desde el día 3 de abril, resultan exigibles en gran parte de los procedimientos civiles.

Esta situación se explica por los numerosos cambios introducidos por la nueva Ley, que suponen una auténtica segunda revolución en la forma de proceder.

Entre los más destacables es la incorporación de los llamados “medios adecuados de solución de controversias (en adelante, MASC) como un requisito de procedibilidad en el ámbito civil, con el propósito de incentivar la resolución extrajudicial de conflictos, reducir la saturación de los juzgados y promover alternativas que descongestionen el sistema judicial.

Así se justifica en el preámbulo de la Ley:

“Han pasado más de treinta y cinco años desde que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, llevara a cabo una “revolución-evolución” de la organización territorial del Poder Judicial, además, a pesar de las numerosas reformas de dicho cuerpo legal, no ha habido un cambio sustancial en la organización de los tribunales en lo que respecta a su planta y demarcación, dado que se ha mantenido la división territorial desde el municipio como elemento básico, y la consideración de que los juzgados son el primer escalón de acceso a la Justicia,  y los tribunales, entes colegiados de organización y enjuiciamiento, constituyen un escalón superior. Dicho modelo de organización judicial, en su día, respondía a las necesidades de una sociedad que nada tiene que ver con la sociedad española de hoy, que es mucho más compleja a nivel social, económico, tecnológico, de infraestructuras, y, sobre todo, dado el aumento de los conflictos judiciales. En consecuencia, dicho modelo organizativo ha quedado obsoleto, y ha venido provocando disfunciones e insuficiencias estructurales en el ámbito de la Administración de Justicia que es necesario corregir, pues se ha producido una pérdida de confianza en el sistema por parte de los ciudadanos.”

Los MASC han sido concebidos con la intención de disminuir significativamente la litigiosidad en el ámbito civil, promoviendo soluciones consensuadas entre las partes que eviten la necesidad de recurrir a los tribunales y, al mismo tiempo, aligerar la carga de trabajo que enfrentan los juzgados de esta jurisdicción. Este mecanismo busca no solo resolver conflictos de manera más rápida y eficiente, sino también fomentar una cultura de diálogo, negociación y entendimiento mutuo entre los litigantes, contribuyendo a una justicia más accesible y menos adversarial.

La Ley Orgánica 1/2025 ofrece diferentes medios aptos de resolución de conflictos por vía no judicial: mediación, conciliación, acudir a la opinión neutral de una persona experta independiente, si se formula una oferta vinculante confidencial, si se emplea cualquier otro tipo de actividad negociadora, reconocida en esta u otras leyes, estatales o autonómicas, cuando la actividad negociadora se desarrolle directamente por las partes, o entre sus abogados o abogadas bajo sus directrices y con su conformidad, o cuando se recurra a un proceso de Derecho colaborativo.

Una de las novedades de mayor trascendencia, se concreta en el hecho de que estos medios se convierten en un requisito de procedimentalidad, hasta el punto de que su no acreditación se convierte en causa de inadmisión de la demanda.

La propia Ley Orgánica 1/2025, exime algunas materias de la realización de una actividad previa negociadora. Estas materias estas tasadas y entre ellas destacamos:

• de derechos fundamentales;
• la adopción de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad;
• la filiación, paternidad y maternidad;
• la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una la tutela judicial civil cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute;
• la pretensión de que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demande;
• o el juicio cambiario.

Es decir, en procesos como desahucios por ocupación en precario o acciones de tutela de posesión, el requisito de MASC no resulta exigible debido a la imposibilidad práctica de identificar o localizar al requerido, lo que haría inviable cualquier intento de negociación previa.

Es muy importante tener en cuenta que el intento de negociación ha de ser real y creíble, no puede ser ficticio. Por ello, se exige que las actuaciones negociadoras sean documentadas. Los requisitos de documentación son diferentes en función del sistema utilizado.

El artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2025 exige que el intento de MASC se acredite mediante prueba documental fehaciente, preferentemente a través de medios como el burofax, el requerimiento notarial o el correo certificado con acuse de recibo, que ofrecen certeza sobre el envío y la recepción, debiendo existir una intención de evitar el litigio por parte del empresario demandante. Estos métodos garantizan que el esfuerzo de negociación sea verificable y objetivo, evitando controversias sobre su existencia o alcance. La elección de estos instrumentos refleja la necesidad de claridad y formalidad en un requisito que condiciona el acceso a la vía judicial.

El principio pro actione asegura que el acceso a la justicia no quede supeditado a la colaboración o respuesta del requerido, permitiendo que se consideren suficientes los esfuerzos razonables del demandante para acreditar el intento de MASC, incluso si no hay contestación. Ello protege a la parte activa de posibles maniobras obstruccionistas y refuerza la idea de que el cumplimiento del requisito depende de la iniciativa del actor, no de la voluntad del contrario. Así, se evita que el sistema se vuelva excesivamente rígido o dependiente de factores externos al control del demandante.

El correo electrónico se considera un medio válido para acreditar el intento de MASC siempre que las partes lo hayan pactado previamente como canal habitual de comunicación o lo hayan utilizado de manera reiterada, con un mínimo de tres intercambios en los seis meses anteriores al conflicto. Esta condición asegura que el uso del email sea consensual y habitual, evitando su empleo arbitrario o improvisado. La aceptación del correo electrónico como herramienta válida moderniza el procedimiento y lo alinea con las dinámicas actuales de interacción entre las partes.

Para acreditar el intento mediante correo electrónico, basta con presentar el justificante de envío generado por el sistema y, si está disponible, una respuesta del destinatario que confirme la recepción del mensaje. En ausencia de respuesta, el demandante debe complementar la prueba con elementos adicionales, como capturas de pantalla, confirmaciones de lectura o testimonios que evidencien la entrega efectiva. Esta exigencia busca garantizar la fiabilidad del medio electrónico, equilibrando su flexibilidad con la necesidad de certeza procesal.

El artículo 9 de la Ley Orgánica 1/2025 consagra la confidencialidad como un principio rector de las negociaciones en el marco de los MASC, limitando su uso en el proceso judicial a datos objetivos —como fechas o medios empleados— sin permitir la revelación del contenido detallado de las conversaciones.

La pretensión de este artículo no es otra que informar a grandes rasgos de un cambio legislativo importante que a priori crea dudas sobre si este cambio logrará dar los frutos deseados en cuanto a la agilización de descongestión de los juzgados.

A partir de la nueva reforma la intervención de un abogado en la negociación va a ser imprescindible a fin de dar cumplimiento a las normas de procedimentalidad y los derechos que atienden a las partes en esa negociación previa que deberá estar debidamente documentada.

El TJUE fulmina la falta de registro horario en el empleo doméstico.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sido tajante: los empleadores domésticos están obligados a registrar la jornada diaria de las trabajadoras del hogar. No hacerlo supone una vulneración del derecho comunitario y deja en una situación de indefensión a miles de empleadas, un sector altamente feminizado y precarizado.

Dicho de otro modo, los empleadores domésticos deben establecer un sistema que permita a este colectivo—compuesto prácticamente en su mayoría por mujeres— computar su jornada laboral diaria, al igual que cualquier trabajador, porque de lo contrario se ve privado de la posibilidad de determinar de “manera objetiva y fiable” el número de horas de trabajo realizado y su distribución en el tiempo.

Esta sentencia responde al caso de una empleada de hogar en España despedida de forma improcedente. Sus empleadores estaban obligados a compensarla por vacaciones no disfrutadas y pagas extras, pero el juez nacional consideró que no había pruebas suficientes de las horas trabajadas ni del salario reclamado. La razón: la normativa española exime a los hogares familiares de la obligación de registrar el tiempo de trabajo efectivo de sus empleados.

Ante esta situación, el tribunal español preguntó al TJUE si esta excepción es compatible con el derecho europeo. La respuesta es clara: no lo es. El tribunal con sede en Luxemburgo recuerda que en una sentencia dictada el 14 mayo de 2019 ya señaló que todos los Estados miembros deben imponer a las empresas un sistema objetivo, accesible y fiable que permita registrar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador.

Contrariamente, el Ministerio de Trabajo publicó en mayo de 2019 una guía oficial para resolver las dudas de los empleadores sobre cómo aplicar la normativa que obliga a apuntar la hora de entrada y salida de toda la plantilla. Dicho documento señaló en su primer punto que “el registro horario se aplica a la totalidad de trabajadores, al margen de su categoría o grupo profesional, a todos los sectores de actividad y a todas las empresas, cualquiera que sea su tamaño u organización del trabajo, siempre y cuando estén incluidas en el ámbito de aplicación que define el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores”. Y añadió que también estaban obligados de fichar la jornada “trabajadores ‘móviles’, comerciales, temporales, trabajadores a distancia o cualesquiera otras situaciones en las que la prestación laboral no se desenvuelve, total o parcialmente, en el centro de trabajo de la empresa”.

No obstante, esta guía excluía a la alta dirección y otros trabajadores con relaciones laborales especiales que, en estos casos, deberán estar a lo que diga su norma específica, como empleados de hogar, deportistas o “los penados en instituciones penitenciarias”.

No es la primera vez que la justicia europea saca los colores a España por la falta de derechos en el empleo doméstico. En 2019, el TJUE ya declaró ilegal la normativa española que permitía a los empleadores saltarse el registro de jornada laboral. El tribunal ha sido contundente: cualquier interpretación o práctica administrativa que exonere a los empleadores de establecer un sistema de registro horario es contraria a la Directiva Europea sobre ordenación del tiempo de trabajo.

¿Por qué es tan grave? Porque sin un sistema de control horario, las empleadas del hogar no pueden demostrar cuántas horas han trabajado ni exigir el pago de lo que les corresponde. Es una carta blanca para la explotación y la impunidad. El TJUE también pone el foco en la dimensión de género del problema. El empleo doméstico es un sector mayoritariamente femenino y, en muchos casos, integrado por mujeres migrantes. No contar con un registro horario perpetúa su precariedad y facilita la discriminación indirecta por razón de sexo. El tribunal deja claro que, aunque pueden existir particularidades según el sector de actividad, las excepciones no pueden vaciar de contenido la normativa europea. En otras palabras: no se pueden hacer trampas para seguir permitiendo abusos.

España tiene ahora la responsabilidad de corregir esta situación. El Proyecto de Ley de Reducción de Jornada Laboral, que se tramitará próximamente, prevé un marco reglamentario para el registro de jornada que incluirá también a las empleadas del hogar. La justicia europea ha hablado y el Estado español debe garantizar que las trabajadoras del hogar no sigan sin un control horario que evite en lo posible su explotación.