A pesar del desconocimiento de esta Ley para muchos ciudadanos, es una solución para muchas situaciones que antes eran irreversibles y ahora han dejado de serlo.

Es una ley de origen europeo que nace de la preocupación de la Comisión Europea ante la crisis de muchas personas físicas y autónomos, que se encuentran por motivos sobrevenidos ante una situación de bloqueo financiero.

Esta ley pretende ser un ligero balón de oxígeno para pequeños empresarios y personas particulares, que encuentran un medio legal para rehacerse de una aventura emprendedora fracasada y que les ha arrastrado a contraer deudas inasumibles.

Cuando una persona física se encuentra en una situación de asfixia financiera se ve obligada a trabajar en economía sumergida. Por esto motivo la Comisión Europea obligó a todos los países de la Unión a incorporar en sus ordenamientos jurídicos un mecanismo legal de segunda oportunidad.

¿Qué finalidad persigue la Ley de la Segunda Oportunidad?

La supervivencia de muchos emprendedores, personas físicas y autónomas que antes tenían que hacer frente a las deudas contraídas con su patrimonio presente y futuro.

¿Quién puede acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad?

Todas las personas físicas y autónomos que mantengan deudas por encima de sus posibilidades ya no tendrán que afrontar sus deudas con la garantía de su patrimonio futuro.

¿Cuál es el procedimiento a seguir?

Es un procedimiento que se inicia con un intento de acuerdo extrajudicial y que debe acabar pasando por el juzgado y que si se cumplen una serie de requisitos se puede conseguir la cancelación de las TOTAL de sus deudas.

Si el juez considera que el particular deudor ha actuado siempre con buena fe y que cumple con los requisitos que exige la ley, nuestro despacho asegura un 100 % de éxito. Si se cumplen los requisitos, en consecuencia el juzgado nos concederá la cancelación de las deudas que ofrece la ley de la segunda oportunidad.

En Cataluña, 450 personas se acogieron durante el año 2017 a la Ley de la Segunda Oportunidad. Representan una de cada tres que lo pidieron en España. Una cifra insuficiente, según el Colegio de la Abogacía, que pide que se aprovechen mucho más las ventajas previstas por la ley y que recoge el siguiente reportaje:

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